El pasado 30 de agosto saltó la noticia. El Conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat , Josep Huguet (que probablemente tiene muy poco de innovador, universal y emprendedor …) había declarado su intención de obligar por decreto a los profesores universitarios de Catalunya a tener conocimientos suficientes (“grado de suficiencia”) de la lengua catalana (lo que se traduce en la práctica en la exigencia del nivel C, o similar). Y este decreto se impulsaba precisamente estos días, cuando se están consumiendo los últimos meses de legislatura de su gobierno, eso sí, con la buena intención de “retornar el equilibrio entre el catalán y el castellano en las universidades”.
El anuncio provocó ríos de tinta y destaco, entre muchas, unas manifestaciones de Aleix Vidal Quadras que han sido diagnosis preclara de la situación: "Queremos obispos catalanes, notarios catalanes, jueces catalanes, catedráticos catalanes, queremos ser unos desgraciados, pero catalanes".
La medida ha motivado también una oposición más o menos airada en sectores no precisamente españolistas: Durán i Lleida sostenía que “era completamente innecesario que los profesores universitarios tengan que someterse a una prueba de catalán, aunque sí que lo han de conocer”. El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, cuestionó la medida del Gobierno del Tripartit puesto que "se está obviando la discusión más importante, sobre la calidad universitaria” matizando que es importante que "el catalán esté más presente en el mundo universitario … pero sobre todo tener el mejor profesorado".Y Xavier Sala i Martin manifestaba que abandonaría la Universidad Pompeula Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, afirmó que su intención era “que nuestras plazas estén abiertas a los profesores con talento de todo el mundo". Ramón Franquesa, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona era de la opinión que "es una medida absurda para los profesores y los alumnos… puede acentuar la endogamia. Habría que dar más clases en inglés". Susana Quadrado directora de Cultura de la Vanguardia sostenía que “Huguet y Maragall deberían ocuparse de los problemas reales de la enseñanza, no de crear otros nuevos”. Y finalmente Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional apuntaba la dificultad legal de la medida, puesto que “exigir a los profesores un nivel equivalente al C de catalán vulneraría el Estatut, ya que es totalmente desproporcionado respecto de la simple exigencia del conocimiento pasivo”.
(Me permitirán un inciso para ponerles en situación. El examen de Nivel C supone hablar y escribir con total corrección la lengua catalana y es de una exigencia equivalente al advanced o el proficiency en inglés. Tiene una parte oral, en el que se demanda una pronunciación del todo correcta, y otra escrita, en la que se junta el programa de todos los cursos de bachillerato de lengua catalana. Sólo existe un nivel superior al C, que es el D, y es el que se le exige a los traductores y profesionales que tengan que ver con el lenguaje. La matización valga para explicar el pavor de algunos, a tener que pasar un examen de estas características.)
Toda esta espontánea manifestación de irritación ha tenido como fruto la matización y posterior desactivación del decreto, tanto por parte del PSC, como por parte de Francesc Baltasar, conseller de ICV, y finalmente, parece ser que se dejará en manos de las universidades la acreditación del nivel de catalán que tiene su profesorado.
El argumento en el que se ha basado la oposición a la medida ha sido básicamente el que en la búsqueda de la excelencia, se podrían perder para la docencia en nuestras universidades a buenos profesores que no conseguirían acceder a ellas si se les exigiese un examen de entrada de conocimiento de nuestra lengua. Y yo me pregunto, ¿Cabe en una universidad catalana pública que al bedel, o la secretaria, o demás personal no docente, se le pida el nivel C y al catedrático no?, ¿No vale el argumento de que probablemente se hayan perdido grandes bedeles o secretarias por el camino?, ¿Cabe esa discriminación?... ¿Y para los demás profesionales a los que hoy en día y desde hace muchos años se les está exigiendo la dichosa acreditación?
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